Morena no puede permitir que en México se implemente la maternidad forzada: Carol Arriaga

Carol Arriaga, Secretaria Nacional de Mujeres de Morena, hizo un enérgico llamado a las y los diputados de Morena en Guerrero, para que no aprueben un retroceso en los derechos de las niñas y mujeres, víctimas de violación sexual, a quienes se les pretende obstaculizar la interrupción legal de su embarazo.

La Maestra en Derecho recordó a las y los legisladores de su bancada que, en los principios de su partido, se encuentra velar por el bienestar de la ciudadanía y, en especial de las niñas y mujeres, quienes, al ser víctimas de este delito, son más vulnerables.

Enfatizó que el dictamen presentado por el priista, Omar Jalil Flores Majul, presidente de la Comisión de Justicia, suma obstáculos al aborto por violación y es contrario a la Ley General de Víctimas, aprobada en 2013, y donde se eliminaron del marco legal los requisitos para acceder a la interrupción segura del embarazo.

“Con la aprobación de este dictamen quieren obligar a mujeres y niñas a que el Ministerio Público, sea el aval, o de la autorización para que la víctima pueda interrumpir su embarazo, lo que incentiva el aborto clandestino y riesgoso. La palabra de la víctima debe ser suficiente para realizar este procedimiento así es como está establecido desde 2013”, expresó.

Además, dijo, no sólo tendría que ser autorizado por el MP sino también, tendría que ser acompañada por un familiar mayor de edad, del DIF o de la Secretaría de la Mujer del estado. “Muchas de estas niñas fueron violadas por uno o varios familiares con el silencio cómplice de los demás, por lo que esta modificación no es aplicable a la realidad”, condenó.

En 2014 se reformó el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y, en 2016, se modificó la NOM 046-SSA2-2005 (Violencia familiar, sexual y contra las mujeres) en armonización con la Ley General de Víctimas, de tal manera que hoy, en todo el país, una mujer o niña mayor de 12 años que haya sufrido una agresión sexual y resulte embarazada, tiene el derecho de acudir a cualquier centro de salud público para interrumpir un embarazo.

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